Un número creciente de agencias locales de orden público están colaborando con el gobierno federal para apoyar la detención o arresto de personas sospechosas de violar las leyes de inmigración.
El Departamento de Seguridad Nacional está alentando a las oficinas del sheriff, agentes de policía y departamentos de policía a firmar acuerdos que les permitirían, bajo supervisión de ICE, interrogar, detener o arrestar a personas.
Esto significa que no solo la Oficina de Inmigración y Aduanas se encarga de estos casos, sino que podrían ser agencias locales de aplicación de la ley en todo el país.
En Pensilvania, 20 agencias han firmado o están esperando firmar los acuerdos 287(g), nombrados así por una sección de la Ley de Nacionalidad e Inmigración. De esas 20, cuatro están esperando aprobación.
En el suroeste de Pensilvania, cuatro agencias han sido aprobadas por ICE para ingresar a acuerdos: las oficinas del sheriff en los condados de Butler y Washington, y las oficinas de los agentes del condado de Westmoreland en Sewickley Township y Lower Burrell Fourth Ward.
Bruce Zarnick, el agente de constable de Sewickley Township, ve esto como una oportunidad educativa que lo preparará para seguir la ley federal.
«Me gustaría ver a la comunidad segura», dijo. «Me gustaría que me vean como un activo para la comunidad, no como alguien que está acosando a la gente, sino como alguien que, en respuesta a algo, asegura que se sigan las leyes y procedimientos adecuados».
Los críticos dicen que los acuerdos abren la puerta a la discriminación. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) llamó a la administración del entonces presidente Joe Biden a poner fin al programa, una de las promesas de campaña de Biden, argumentando que erosiona la confianza entre la policía local y los miembros de la comunidad y podría llevar a abusos de poder.
Tricia McLaughlin, secretaria asistente del Departamento de Seguridad Nacional, negó las acusaciones de que los acuerdos llevan al perfil racial en una declaración proporcionada a Next Generation Newsroom.
«Nuestros socios 287(g) trabajan con nosotros para hacer cumplir la ley federal de inmigración sin miedo, favoritismo o prejuicio, y deberían ser elogiados por hacerlo», dijo. «287(g) es crucial para tener la aplicación que necesitamos para arrestar a extranjeros ilegales criminales en todo el país».
Un informe de ACLU de 2022 encontró que varias agencias con acuerdos 287(g) tenían registros de perfil racial y violaciones de derechos civiles.
«Permite al departamento del sheriff local, o a cualquier agencia de aplicación de la ley que asuma el acuerdo, detener a personas que creen que son removibles de los Estados Unidos o de otro modo sujetas a la aplicación de la ley de inmigración», dijo Keith Armstrong, abogado de becas para los derechos de los inmigrantes de ACLU de Pensilvania.
Y puede suceder sin una orden de arresto para la persona, lo que, según Armstrong, podría socavar la confianza entre la aplicación de la ley y los inmigrantes en la comunidad. Si las personas no sienten que pueden informar sobre delitos a las autoridades, la comunidad en general es menos segura, dijo.
ACLU de Pensilvania presentó una demanda contra la Oficina del Sheriff del Condado de Bucks por ingresar a un acuerdo sin el consentimiento de los comisionados del condado. El caso está en el Tribunal de Pleas Comunes del Condado de Bucks.
El presidente de la Junta del Condado de Bucks, Bob Harvie, se negó a hacer comentarios. El sheriff Fred Harran no respondió a una solicitud de comentario.
La aplicación local de la ley, como el sheriff del condado de Juniata, Joshua Stimeling, señala los acuerdos como una forma de mantener seguras a las comunidades.
«Nuestra esperanza y objetivo es que permita a las agencias de aplicación de la ley en toda la nación trabajar juntas en interés de la justicia para hacer de esta gran nación un lugar mejor y más seguro para todos», dijo Stimeling por correo electrónico.
ACLU ha abogado por poner fin al programa 287(g), pero el número de acuerdos ha aumentado desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo en enero. Hasta el 1 de julio, más de 740 agencias han ingresado en acuerdos con ICE, con alrededor de 600 de estos ingresados desde que Trump asumió el cargo.
Los acuerdos vienen en tres modelos: aplicación en la cárcel, oficial de servicio de órdenes de arresto y fuerza de tarea. La mayoría de las agencias de aplicación de la ley en Pensilvania están trabajando bajo el modelo de fuerza de tarea, que permite la mayor autoridad para hacer cumplir las leyes federales de inmigración.
Los modelos de aplicación en la cárcel y oficial de servicio de órdenes de arresto se centran en personas con cargos penales pendientes o aquellos que ya están en la cárcel. El modelo de fuerza de tarea permite a la aplicación de la ley interrogar, arrestar y recopilar información personal, como huellas dactilares, en nombre de ICE.
Pero algunas de las agencias participantes en Pensilvania aún no han firmado los acuerdos ni recibido las 40 horas de entrenamiento después de firmar. El sheriff del condado de Butler, Mike Slupe, se negó a hablar sobre los detalles de cómo se aplicaría el acuerdo en el condado, afirmando que la oficina aún no ha recibido entrenamiento.
Slupe dijo que no cree que necesite la aprobación de los comisionados para ingresar al acuerdo, pero el comisionado Kevin Boozel dijo que tendría que ser aprobado antes de que pueda adoptarse.
«Siempre he estado comprometido a responsabilizar a aquellos con órdenes en su contra ante el tribunal», dijo Slupe por correo electrónico. «Eso no cambiará con nuestra interacción con cualquier persona potencialmente ilegal que tenga documentos legales de ICE para su arresto que estén en nuestro condado».
Zarnick dijo que no ve que el acuerdo cambie significativamente su trabajo más allá del entrenamiento virtual de 40 horas que le enseña qué hacer si alguien que cometió un crimen o que ha detenido está violando las leyes federales de inmigración.
«Tendré el conocimiento sobre cómo tratarlos y qué pasos adicionales puedo necesitar tomar para cumplir con las leyes federales», dijo.
Pero a través del acuerdo, ICE puede llamar a Zarnick para ayudar en las investigaciones criminales de ICE. La Oficina del Constable, al igual que todas las agencias de aplicación de la ley, cubriría sus propios gastos incurridos a través del acuerdo, incluso cuando realice la aplicación de la ley de inmigración federal.
Abigail Hakas es reportera de Next Generation Newsroom, parte del Centro de Innovación en Medios de Comunicación de la Universidad de Point Park. Puede contactarla en abigail.hakas@pointpark.edu.
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