El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha dado un giro en su postura respecto a la deportación de ciudadanos colombianos desde Estados Unidos. Luego de que Donald Trump impusiera un arancel del 25% a las importaciones colombianas como represalia por la negativa de Bogotá a recibir a los deportados, Petro ha aceptado las condiciones de la Casa Blanca para evitar un golpe económico a su país.
El anuncio pone fin a una crisis diplomática que amenazaba con escalar. Mientras Petro argumentaba que las condiciones de repatriación no garantizaban la dignidad de los retornados, Trump respondió con sanciones comerciales, restricciones bancarias y la revocación de visados para funcionarios colombianos. La medida conmocionó al sector financiero y político de Colombia, que temía un impacto severo en su economía, considerando que Estados Unidos es su principal socio comercial.
Finalmente, el Gobierno colombiano aceptó sin restricciones la llegada de vuelos con deportados, incluso en aeronaves militares estadounidenses. Esta decisión, aunque evita una crisis comercial inmediata, deja en evidencia el enorme peso de la presión económica y la postura implacable de Trump en su agenda antimigratoria. Con este episodio, el resto de América Latina toma nota: el nuevo mandato de Trump no dudará en aplicar medidas de fuerza contra quienes no se alineen con sus políticas.
