Un alto miembro republicano del Comité Judicial del Senado de los EE. UU. dijo el martes que cuando el presidente electo Donald Trump asuma el cargo y el Partido Republicano tome el control del Senado, la primera prioridad de los legisladores será aprobar un paquete de seguridad fronteriza a través de un proceso complejo conocido como reconciliación presupuestaria.
Trump ha prometido a su base que su administración implementará deportaciones masivas de personas que viven ilegalmente en el país. El senador de Carolina del Sur Lindsey Graham dijo en una audiencia del Comité Judicial que los republicanos del Senado se enfocarán en aumentar las camas en los centros de detención, contratar agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y adquirir tecnología para la aplicación de la ley en la frontera sur.
“Creemos que la única forma de controlar la frontera es que las deportaciones comiencen temprano”, dijo. “Si no hay salida, el ingreso continuará”.
Sin embargo, Aaron Reichlin-Melnick, investigador principal del American Immigration Council, un grupo de expertos pro-inmigración, dijo al panel que el esfuerzo será costoso.
Llevar a cabo deportaciones masivas de un millón de personas costaría alrededor de $88 mil millones al año para arrestos, detenciones y expulsiones, señaló. Alrededor de 13 millones de personas viven ilegalmente en los Estados Unidos.
Reparando un sistema roto
La audiencia del comité, dirigida por demócratas que actualmente controlan el Senado pero serán minoría el próximo año, exploró las ramificaciones de la promesa de campaña de Trump de deportaciones masivas.
“En lugar de deportaciones masivas, responsabilidad masiva”, dijo el presidente del comité, el senador Dick Durbin de Illinois. “Arreglemos nuestro sistema de inmigración roto de una manera que proteja a nuestro país y honre nuestra herencia como una nación de inmigrantes”.
El proceso de reconciliación presupuestaria citado por Graham, que se usaría para aprobar la legislación de seguridad fronteriza, permitiría a los republicanos evitar el filibustero de 60 votos en el Senado.
La reconciliación generalmente se utiliza cuando un partido controla la Cámara de Representantes, el Senado y la Casa Blanca, ya que solo requiere una mayoría de votos en cada cámara.
Graham agregó que los republicanos también impedirán que las personas que ingresaron al país bajo una autoridad ejecutiva puedan emplear otra vía para obtener estatus legal de inmigración. El Partido Republicano ha sido crítico de programas que permiten a ciertos nacionales de Haití, Nicaragua, Cuba y Venezuela trabajar y vivir temporalmente en los Estados Unidos.
“Así que si estás aquí ilegalmente, prepárate para irte”, dijo Graham.
Programa DACA
Uno de los testigos de la audiencia, Foday Turay, está en el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que está esperando una decisión de un tribunal federal sobre su legalidad después de que la administración Trump intentara finalizarlo.
El lunes, un tribunal federal bloqueó la implementación de una norma final de la administración Biden para permitir que los beneficiarios de DACA tengan acceso a atención médica bajo la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio.
Alrededor de 500,000 personas están en el programa, que tiene como objetivo proteger a los niños traídos al país sin autorización de la deportación. También les permite obtener permisos de trabajo.
Turay, fiscal adjunto en la Oficina del Fiscal del Distrito de Filadelfia, dijo que si lo deportan sería devastador para su familia, ya que es el principal sostén de su hogar.
Su esposa, ciudadana estadounidense, es la principal cuidadora de su madre, quien tiene discapacidades y está en tratamiento contra el cáncer. Además, Turay dijo que tendría que dejar atrás a su hijo si lo deportan.
Uso de la Guardia Nacional
El senador Durbin expresó su preocupación por los comentarios de Trump sobre el uso de la Guardia Nacional para llevar a cabo deportaciones masivas.
Randy Manner, testigo y general retirado del Ejército de los EE. UU., dijo que ve problemas con el uso del ejército para deportaciones masivas.
Podría afectar la preparación militar, señaló, y los militares no están capacitados para esas funciones.
“El cumplimiento de las leyes de inmigración es responsabilidad de las agencias federales de aplicación de la ley”, dijo Manner.
Agregó que involucrar a los soldados en esa tarea tendría un impacto negativo en la moral y el reclutamiento, además de erosionar la confianza pública.
Costos de las deportaciones masivas
La senadora demócrata de Minnesota Amy Klobuchar dijo que las deportaciones masivas no solo serían perjudiciales para las comunidades, sino también una carga financiera.
Reichlin-Melnick dijo que las industrias que se verían particularmente afectadas por la pérdida de empleados incluyen la construcción, la agricultura y la hospitalidad.
La mayoría de las personas que serían el objetivo de una campaña de deportación masiva no tienen antecedentes penales, señaló. “Son personas que han vivido vidas generalmente respetuosas de la ley en este país, viviendo, trabajando y, en muchos casos, pagando impuestos”.
La senadora republicana de Tennessee Marsha Blackburn sugirió que las fuerzas del orden locales deberían estar facultadas para llevar a cabo deportaciones, aunque la aplicación de las leyes de inmigración es un tema federal.
Art Arthur, miembro residente del Centro de Estudios de Inmigración, respaldó esa idea. “Ellos serían quienes mejor podrían sacar a esas personas de la comunidad”, dijo Arthur.
“They’re going to be the people who are best able to pull those individuals out of the community,” Arthur said of local law enforcement.
